CONTENIDO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Gaceta Oficial de la República de Venezuela

Caracas, miércoles 1º de julio de 1981

Número 2.818 Extraordinario

El Congreso de la República de Venezuela

Decreta:

La siguiente,

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos

Título I

Disposiciones Fundamentales

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1º

La Administración Pública Nacional y la Administración Pública Descentralizada,

integradas en la forma prevista en sus respectivas leyes orgánicas, ajustarán su

actividad a las prescripciones de la presente Ley.

Las administraciones estadales y municipales, la Contraloría General de la

República y la Fiscalía General de la República, ajustarán igualmente sus

actividades a la presente Ley, en cuanto les sea aplicable.

Artículo 2º

Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir

instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa.

Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien

declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo.

Artículo 3º

Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la administración

pública, están en la obligación de tramitar los asuntos cuyo conocimiento les

corresponda y son responsables por las faltas en que incurran.

Los interesados podrán reclamar, ante el superior jerárquico inmediato, del

retardo, omisión, distorsión o incumplimiento de cualquier procedimiento, trámite

o plazo, en que incurrieren los funcionarios responsables del asunto.

Este reclamo deberá interponerse en forma escrita y razonada y será resuelto

dentro de los quince (15) días siguientes. La reclamación no acarreará la

paralización del procedimiento, ni obstaculizará la posibilidad de que sean

subsanadas las fallas u omisiones. Si el superior jerárquico encontrare fundado

el reclamo, impondrá al infractor o infractores la sanción prevista en el artículo

100 de la presente Ley sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones

a que hubiere lugar.

Artículo 4º

En los casos en que un órgano de la administración pública no resolviere un

asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha

resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato

siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a

los órganos administrativos, ni a sus personeros, de las responsabilidades que le

sean imputables por la omisión o la demora.

Parágrafo único

La reiterada negligencia de los responsables de los asuntos o recursos que dé

lugar a que éstos se consideren resueltos negativamente como se dispone en

este artículo, les acarreará amonestación escrita a los efectos de lo dispuesto en

la Ley de Carrera Administrativa, sin perjuicio de las sanciones previstas en el

artículo 100 de esta Ley.

Artículo 5º

A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de

naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la

administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta

dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior

en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. La

administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días

siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o

incumplimiento por este de algún requisito.

Artículo 6º

Cuando la administración haya incurrido en mora o retardo en el cumplimiento

de las obligaciones contraídas con los administrados y ello acarreare daño

patrimonial, el funcionario o funcionarios a quienes competa la tramitación del

asunto, además de las sanciones previstas en la administración.

Capítulo II

De los Actos Administrativos

Artículo 7º

Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda declaración de

carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos

establecidos en la Ley, por los órganos de la administración pública.

Artículo 8º

Los actos administrativos que requieran ser cumplidos mediante actos de

ejecución, deberán ser ejecutados por la administración en el término

establecido. A falta de este término, se ejecutarán inmediatamente.

Artículo 9º

Los actos administrativos de carácter particular deberán ser motivados, excepto

los de simple trámite o salvo disposición expresa de la Ley. A tal efecto, deberán

hacer referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto.

Artículo 10°

Ningún acto administrativo podrá crear sanciones, ni modificar las que hubieran

sido establecidas en las leyes, crear impuestos u otras contribuciones de

derecho público, salvo dentro de los límites determinados por la Ley.

Artículo 11°

Los criterios establecidos por los distintos órganos de la administración pública

podrán ser modificados, pero la nueva interpretación no podrá aplicarse a

situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los administrados. En

todo caso, la modificación de los criterios no dará derecho a la revisión de los

actos definitivamente firmes.

Artículo 12°

Aun cuando una disposición legal o reglamentaria deje alguna medida o

providencia a juicio de la autoridad competente, dicha medida o providencia

deberá mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de

hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y

formalidades necesarios para su validez y eficacia.

Artículo 13°

Ningún acto administrativo podrá violar lo establecido en otro de superior

jerarquía; ni los de carácter particular vulnerar lo establecido en una disposición

administrativa de carácter general, aun cuando fueren dictados por autoridad

igual o superior a la que dicto la disposición general.

Artículo 14°

Los actos administrativos tienen la siguiente jerarquía: decretos, resoluciones,

órdenes, providencias y otras decisiones dictadas por órganos y autoridades

administrativas.

Artículo 15°

Los decretos son las decisiones de mayor jerarquía dictadas por el Presidente

de la República y, en su caso, serán refrendados por aquel o aquellos Ministros

a quienes corresponda la materia, o por todos, cuando la decisión haya sido

tomada en Consejo de Ministros. En el primer caso, el Presidente de la

República, cuando a su juicio la importancia del asunto lo requiera, podrá

ordenar que sea refrendado, además, por otros Ministros.

Artículo 16°

Las resoluciones son decisiones de carácter general o particular adoptadas por

los Ministros por disposición del Presidente de la República o por disposición

específica de la Ley.

Las resoluciones deben ser suscritas por el Ministro respectivo.

Cuando la materia de una resolución corresponda a más de un Ministro, deberá

ser suscrita por aquellos a quienes concierna el asunto.

Artículo 17°

Las decisiones de los órganos de la Administración Pública Nacional, cuando no

les corresponda la forma de decreto o resolución, conforme a los artículos

anteriores, tendrá la denominación de orden o providencia administrativa.

También, en su caso, podrán adoptar las formas de instrucciones o circulares.

Artículo 18°

Todo acto administrativo deberá contener:

1. Nombre del Ministerio u organismo a que pertenece el órgano que emite el

acto;

2. Nombre del órgano que emite el acto;

3. Lugar y fecha donde el acto es dictado;

4. Nombre de la persona u órgano a quien va dirigido;

5. Expresión sucinta de los hechos, de las razones que hubieren sido

alegadas y de los fundamentos legales pertinentes;

6. La decisión respectiva, si fuere el caso;

7. Nombre del funcionario o funcionarios que los suscriben, con indicación de

la titularidad con que actúen, e indicación expresa, en caso de actuar por

delegación, del número y fecha del acto de delegación que confirió la

competencia.

8. El sello de la oficina.

El original del respectivo instrumento contendrá la firma autógrafa del o de los

funcionarios que lo suscriban. En el caso de aquellos actos cuya frecuencia lo

justifique, se podrá disponer mediante decreto, que la firma de los funcionarios

sea estampada por medios mecánicos que ofrezcan garantías de seguridad.

Artículo 19°

Los actos de la administración serán absolutamente nulos en los siguientes

casos:

1. Cuando así este expresamente determinado por una norma constitucional

o legal.

2. Cuando resuelvan un caso precedentemente decidido con carácter

definitivo y que haya creado derechos particulares, salvo autorización

expresa de la Ley.

3. Cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución, y;

4. Cuando hubieren sido dictados por autoridades manifiestamente

incompetentes, o con prescindencia total y absoluta del procedimiento

legalmente establecido.

Artículo 20°

Los vicios de los actos administrativos que no llegaren a producir la nulidad de

conformidad con el artículo anterior, los harán anulables.

Artículo 21°

Si en los supuestos del artículo precedente, el vicio afectare sólo a una parte del

acto administrativo, el resto del mismo, en lo que sea independiente, tendrá

plena validez.

Artículo 22°

Se considerarán interesados, a los efectos de esta Ley, a las personas naturales

o jurídicas a que se refieren los artículos 112 y 121 de la Ley Orgánica de la

Corte Suprema de Justicia.

Artículo 23°

La condición de interesados la tendrán, también quienes ostenten las

condiciones de titularidad señaladas en el artículo anterior, aunque no hubieran

intervenido en la iniciación del procedimiento, pudiendo, en tal caso,

apersonarse en el mismo en cualquier estado en que se encuentre la

tramitación.

Artículo 24°

Por lo que se refiere a sus relaciones con la Administración Pública, las

condiciones relativas a la capacidad jurídica de los administrados serán las

establecidas con carácter general en el Código Civil, salvo disposición expresa

de la Ley.

Artículo 25°

Cuando no sea expresamente requerida su comparecencia personal, los

administrados podrán hacerse representar y, en tal caso, la administración se

entenderá con el representante designado.

Artículo 26°

La representación señalada en el artículo anterior podrá ser otorgada por simple

designación en la petición o recurso ante la administración o acreditándola por

documento registrado o autenticado.

Artículo 27°

La designación de representante no impedirá la intervención ante la

Administración Pública a quien se hubiera hecho representar, ni el cumplimiento

por éste de las obligaciones que exijan su comparecencia personal.

Artículo 28°

Los administrados están obligados a facilitar a la Administración pública la

información de que dispongan sobre el asunto de que se trate, cuando ello sea

necesario para tomar la decisión correspondiente y les sea solicitada por escrito.

Artículo 29°

Los administrados estarán obligados a comparecer a las oficinas públicas

cuando sean requeridos, previa notificación hecha por los funcionarios

competentes para la tramitación de los asuntos en los cuales aquellos tengan

interés.

Título II

De la Actividad Administrativa

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 30°

La actividad administrativa se desarrollará con arreglo a principios de economía,

eficacia, celeridad e imparcialidad.

Las autoridades superiores de cada organismo velarán por el cumplimiento de

estos preceptos cuando deban resolver cuestiones relativas a las normas de

procedimiento.

Artículo 31°

De cada asunto se formará expediente y se mantendrá la unidad de éste y de la

decisión respectiva, aunque deban intervenir en el procedimiento oficinas de

distintos Ministerios o Institutos Autónomos.

Artículo 32°

Los documentos y expedientes administrativos deberán ser uniformes de modo

que cada serie o tipo de ellos obedezca a iguales características. El

administrado podrá adjuntar, en todo caso, al expediente, los escritos que estime

necesarios para la aclaración del asunto.

La administración racionalizará sus sistemas y métodos de trabajo y vigilará su

cumplimiento. A tales fines, adoptará las medidas y procedimientos más

idóneos.

Artículo 33°

Todas las entidades públicas sometidas a la presente Ley, prepararán y

publicarán en la GACETA OFICIAL correspondiente, reglamentos e

instrucciones referentes a las estructuras, funciones, comunicaciones y

jerarquías de sus dependencias.

Asimismo en todas las dependencias al servicio del público, se informará a éste

por los medios adecuados, sobre los fines, competencias y funcionamiento de

sus distintos órganos y servicios.

Igualmente informarán a los interesados sobre los métodos y procedimientos en

uso en la tramitación o consideración de su caso.

Artículo 34°

En el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en

que éstos fueron presentados.

Sólo por razones de interés público y mediante providencia motivada, el jefe de

la oficina podrá modificar dicho orden, dejando constancia en el expediente.

Artículo 35°

Los órganos administrativos utilizarán procedimientos expeditivos en la

tramitación de aquellos asuntos que así lo justifiquen. Cuando sean idénticos los

motivos y fundamentos de las resoluciones, se podrán usar medios de

producción en serie, siempre que no se lesionen las garantías jurídicas de los

interesados.

Capítulo II

De las Inhibiciones

Artículo 36°

Los funcionarios administrativos deberán inhibirse del conocimiento del asunto

cuya competencia les esté legalmente atribuida, en los siguientes casos:

1. Cuando personalmente, o bien su cónyuge o algún pariente dentro del

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuvieren interés en

el procedimiento.

2. Cuando tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de

las personas interesadas que intervengan en el procedimiento.

3. Cuando hubieren intervenido como testigos o peritos en el expediente de

cuya resolución se trate, o si como funcionarios hubieren manifestado

previamente su opinión en el mismo, de modo que pudieran prejuzgar ya la

resolución del asunto, o, tratándose de un recurso administrativo, que

hubieren resuelto o intervenido en la decisión del acto que se impugna.

Quedan a salvo los casos de revocación de oficio y de la decisión del

recurso de reconsideración.

4. Cuando tuvieren relación de servicio o de subordinación con cualquiera de

los directamente interesados en el asunto.

Parágrafo único

Quedan exceptuados de esta disposición los funcionarios que tengan a su cargo

la expedición de certificados adoptados en serie o conforme a modelos

preestablecidos, de modo que les resulte en extremo difícil advertir la existencia

de causas de inhibición.

Artículo 37°

El funcionario, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a aquel en que

comenzó a conocer del asunto o en que sobrevino la causal, deberá plantear su

inhibición en escrito razonado, y remitir, sin retardo, el expediente a su superior

jerárquico.

Artículo 38°

El funcionario superior, dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir de

la fecha de recepción del expediente, deberá decidir, sin más trámites, si es

procedente o no la inhibición.

En el primer caso, el superior designará, en la misma decisión, un funcionario de

igual jerarquía que conozca del asunto y, al efecto, le remitirá el expediente sin

retardo alguno.

En caso de que no existiere funcionario de igual jerarquía al que se hubiere

inhibido, designará un funcionario ad-hoc.

En caso de que no aceptara la inhibición, devolverá el expediente al funcionario

inhibido, quien continuará conociendo del asunto.

Artículo 39°

El funcionario de mayor jerarquía en la entidad donde curse un asunto podrá

ordenar de oficio o a instancia de los interesados, a los funcionarios incursos en

las causales señaladas en el artículo 36 que se abstengan de toda intervención

en el procedimiento, designando en el mismo acto al funcionario que deba

continuar conociendo del expediente.

Artículo 40°

El funcionario que se haya inhibido prestará la cooperación que le se requerida

por el funcionario a quien se hubiere encomendado la resolución del asunto.

Capítulo III

De los Términos y Plazos

Artículo 41°

Los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia

objeto de la presente, obligan por igual, y sin necesidad de apremio, tanto a las

autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos, como

a los particulares interesados en los mismos.

Artículo 42°

Los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en

que tenga lugar la notificación o publicación. En los términos o plazos que

vengan establecidos por días, se computarán exclusivamente los días hábiles,

salvo disposición en contrario.

Se entenderá por días hábiles, a los efectos de esta Ley, los días laborables de

acuerdo con el calendario de la Administración Pública.

Los términos y plazos que se fijaren por meses o años, concluirán en día igual al

de la fecha del acto del mes o año que corresponda para completar el número

de meses o años fijados en el lapso.

El lapso que, según la regla anterior, debiera cumplirse en un día de que carezca

el mes, se entenderá vencido el último de ese mes. Si dicho día fuere inhábil, el

término o plazo respectivo expirará el primer día hábil siguiente.

Artículo 43°

Se entenderá que los administradores han actuado en tiempo hábil cuando los

documentos correspondientes fueren remitidos por correo al órgano competente

de la administración con anterioridad al vencimiento de los términos y plazos y

siempre que haya constancia de la fecha en que se hizo la remisión.

A tales fines, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones dictará la

reglamentación pertinente.

Capítulo IV

De la Recepción de Documentos

Artículo 44°

 En los Ministerios, organismos y demás dependencias públicas se llevará un

registro de presentación de documentos en el cual se dejará constancia de todos

los escritos, peticiones y recursos que se presenten por los administrados, así

como de las comunicaciones que puedan dirigir otras autoridades.

La organización y funcionamiento del registro se establecerán en el Reglamento

de esta Ley.

Artículo 45°

Los funcionarios del registro que reciban la documentación advertirán a los

interesados de las omisiones y de las irregularidades que observen, pero sin que

puedan negarse a recibirla.

Artículo 46°

Se dará recibo de todo documento presentado y de sus anexos, con indicación

del número de registro que corresponda, lugar, fecha y hora de presentación.

Podrá servir de recibo la copia mecanografiada o fotostática del documento que

se presente, una vez diligenciada y numerada por los funcionarios del registro.

Título III

Del Procedimiento Administrativo

Capítulo I

Del Procedimiento Ordinario

Artículo 47°

Los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán

con preferencia al procedimiento ordinario previsto en este capítulo en las

materias que constituyan la especialidad.

Sección Primera

De la Iniciación del Procedimiento

Artículo 48°

El procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada, mediante solicitud

escrita, o de oficio.

En el segundo caso, la autoridad administrativa competente o una autoridad

administrativa superior ordenará la apertura del procedimiento y notificará a los

particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y

directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un plazo de diez (10) días

para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones.

Artículo 49°

Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el

escrito se deberá hacer constar:

1. El organismo al cual está dirigido;

2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe

como su representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio,

nacionalidad, estado civil, profesión y número de la cédula de identidad o

pasaporte;

3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;

4 Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda

claridad la materia objeto de la solicitud;

5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;

6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o

reglamentarias;

7. La firma de los interesados.

Artículo 50°

Cuando en el escrito o solicitud dirigido a la Administración Pública faltare

cualquiera de los requisitos exigidos en el artículo anterior, la autoridad que

hubiere de iniciar las actuaciones lo notificará al presentante, comunicándole las

omisiones o faltas observadas a fin de que en el plazo de quince (15) días

proceda a subsanarlos. Si el interesado presentare oportunamente el escrito o

solicitud con las correcciones exigidas, y ésta fuere objetada por la

administración debido a nuevos errores u omisiones, el solicitante podrá ejercer

el recurso jerárquico contra la segunda decisión o bien corregir nuevamente sus

documentos conforme a las indicaciones del funcionario.

Sección Segunda

De la Sustanciación del Expediente

Artículo 51°

Iniciado el procedimiento se procederá a abrir expediente en el cual se recogerá

toda la tramitación a que de lugar el asunto. De las comunicaciones entre las

distintas autoridades, así como de las publicaciones y notificaciones que se

realicen, se anexará copia al expediente.

Artículo 52°

Cuando el asunto sometido a la consideración de una oficina administrativa

tenga relación íntima o conexión con cualquier otro asunto que se tramite en

dicha oficina, podrá el jefe de la dependencia, de oficio o a solicitud de parte,

ordenar la acumulación de ambos expedientes, a fin de evitar decisiones

contradictorias.

Artículo 53°

La administración, de oficio o a instancia del interesado, cumplirá todas las

actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir,

siendo de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites.

Artículo 54°

La autoridad administrativa a la que corresponda la tramitación del expediente,

solicitará de las otras autoridades u organismos los documentos, informes o

antecedentes que estime convenientes para la mejor solución del asunto.

Cuando la solicitud provenga del interesado, éste deberá indicar la oficina donde

curse la documentación.

Artículo 55°

Los documentos, informes y antecedentes a que se refiere el artículo anterior,

deberán ser evacuados en el plazo máximo de quince (15) días si se solicitaren

de funcionarios del mismo organismo y de veinte (20) días en los otros casos.

Si el funcionario requerido considerare necesario un plazo mayor lo manifestará

inmediatamente al requeriente, con indicación del plazo que estime necesario, el

cual no podrá exceder en ningún caso del doble del ya indicado.

Artículo 56°

La omisión de los informes y antecedentes señalados en los artículos anteriores

no suspenderá la tramitación, salvo disposición expresa en contrario, sin

perjuicio de la responsabilidad en que incurra el funcionario por la omisión o

demora.

Artículo 57°

Los informes que se emitan, salvo disposición legal en contrario, no serán

vinculantes para la autoridad que hubiere de adoptar la decisión.

Artículo 58°

Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento

podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en los Códigos

Civil, de Procedimiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal o en otras leyes.

Artículo 59°

Los interesados y sus representantes tienen el derecho de examinar en

cualquier estado o grado del procedimiento, leer y copiar cualquier documento

contenido en el expediente, así como de pedir certificación del mismo. Se

exceptúan los documentos calificados como confidenciales por el superior

jerárquico, los cuales serán archivados en cuerpos separados del expediente. La

calificación de confidencial deberá hacerse mediante acto motivado.

Sección Tercera

Artículo 60°

La tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de cuatro (4)

meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará

constancia, con indicación de la prorroga que se acuerde.

La prorroga o prorrogas no podrán exceder, en su conjunto, de dos (2) meses.

Artículo 61°

El término indicado en el artículo anterior correrá a partir del día siguiente del

recibo de la solicitud o instancia del interesado o a la notificación a éste, cuando

el procedimiento se hubiera iniciado de oficio.

Artículo 62°

El acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que

hubieren sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación.

Artículo 63°

El procedimiento se entenderá terminado por el desistimiento que el interesado

haga de su solicitud, petición o instancia.

El desistimiento deberá formularse por escrito. En caso de pluralidad de

interesados, el desistimiento de uno de ellos no afectará a los restantes.

El funcionario que conozca del asunto formalizará el desistimiento por auto

escrito y ordenará el archivo del expediente.

Artículo 64°

Si el procedimiento iniciado a instancia de un particular se paraliza durante dos

(2) meses por causa imputable al interesado, se operará la perención de dicho

procedimiento.

El término comenzará a partir de la fecha en que la autoridad administrativa

notifique al interesado.

Vencido el plazo sin que el interesado hubiere reactivado el procedimiento, el

funcionario procederá a declarar la perención.

Artículo 65°

La declaratoria de perención de un procedimiento no extingue los derechos y

acciones del interesado y tampoco interrumpe el término de la prescripción de

aquéllos.

Artículo 66°

No obstante el desistimiento o perención, la administración podrá continuar la

tramitación del procedimiento, si razones de interés público lo justifican.

Capítulo II

Del Procedimiento Sumario

Artículo 67°

Cuando la administración lo estime conveniente, podrá seguir un procedimiento

sumario para dictar sus decisiones. El procedimiento sumario se iniciará de oficio

y deberá concluir en el término de treinta (30) días.

Artículo 68°

Iniciado el procedimiento sumario, el funcionario sustanciador, con autorización

del superior jerárquico inmediato y previa audiencia de los interesados, podrá

determinar que se siga el procedimiento ordinario si la complejidad del asunto

así lo exigiere.

Artículo 69°

En el procedimiento sumario la administración deberá comprobar de oficio la

verdad de los hechos y demás elementos de juicio necesarios para el

esclarecimiento del asunto.

Capítulo III

Del Procedimiento en Casos de Prescripción

Artículo 70°

Las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de

obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término de cinco (5)

años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes.

La interrupción y suspensión de los plazos de prescripción se rigen por el Código

Civil.

Artículo 71°

Cuando el interesado se oponga a la ejecución de un acto administrativo

alegando la prescripción, la autoridad administrativa a la que corresponda el

conocimiento del asunto procederá, en el término de treinta (30) días, a verificar

el tiempo transcurrido y las interrupciones o suspensiones habidas, si fuese el

caso, y a decidir lo pertinente.

Capítulo IV

De la publicación y Notificación de los Actos Administrativos

Artículo 72°

Los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número

indeterminado de personas, deberán ser publicados en la GACETA OFICIAL que

corresponda al organismo que tome la decisión.

Se exceptúan aquellos actos administrativos referentes a asuntos internos de la

administración.

También serán publicados en igual forma los actos administrativos de carácter

particular cuando así lo exija la Ley.

Artículo 73°

Se notificará a los interesados todo acto administrativo de carácter particular que

afecte sus derechos subjetivos o sus intereses legítimos personales y directos,

debiendo contener la notificación del texto íntegro del acto, e indicar si fuere el

caso, los recursos que proceden con expresión de los términos para ejercerlos y

de los órganos o tribunales ante los cuales deban interponerse.

Artículo 74°

Las notificaciones que no llenen todas las menciones señaladas en el artículo

anterior se considerarán defectuosas y no producirán ningún efecto.

Artículo 75°

La notificación se entregará en el domicilio o residencia del interesado o de su

apoderado y se exigirá recibo en el cual se dejará constancia de la fecha en que

se realiza el acto y del contenido de la notificación, así como del nombre y

Cédula de Identidad de la persona que la persona que la reciba.

Artículo 76°

Cuando resulte impracticable la notificación en la forma prescrita en el artículo

anterior, se procederá a la publicación del acto en un diario de mayor circulación

de la entidad territorial donde la autoridad que conoce del asunto tenga su sede

y, en este caso, se entenderá notificado el interesado quince (15) días después

de la publicación, circunstancia que se advertirá en forma expresa.

Parágrafo único

En caso de no existir prensa diaria en la referida entidad territorial, la publicación

se hará en un diario de gran circulación de la capital de la República.

Artículo 77°

Si sobre la base de información errónea, contenida en la notificación, el

interesado hubiere intentado algún procedimiento improcedente, el tiempo

transcurrido no será tomado en cuenta a los efectos de determinar el

vencimiento de los plazos que le corresponden para interponer el recurso

apropiado.

Capítulo V

De la Ejecución de los Actos Administrativos

Artículo 78°

Ningún órgano de la administración podrá realizar actos materiales que

menoscaben o perturben el ejercicio de los derechos de los particulares sin que

previamente haya sido dictada la decisión que sirva de fundamento a tales actos.

Artículo 79°

La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la

propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser

encomendada a la autoridad judicial.

Artículo 80°

La ejecución forzosa de actos por la administración se llevará a cabo conforme a

las normas siguientes:

1. Cuando se trate de actos susceptibles de ejecución indirecta con respecto

al obligado, se procederá a la ejecución, bien por la administración o por la

persona que esta designe, a costa del obligado.

2. Cuando se trate de actos de ejecución personal y el obligado se resistiere a

cumplirlos, se le impondrán multas sucesivas mientras permanezca en

rebeldía y, en el caso de que persista en el incumplimiento, será

sancionado con nuevas multas iguales o mayores a las que ya se le

hubieren aplicado, concediéndole un plazo razonable, a juicio de la

administración, para que cumpla lo ordenado. Cada multa podrá tener un

monto de hasta diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), salvo que otra ley

establezca una mayor, caso en el cual se aplicará ésta.

Título IV

De la Revisión de los Actos en vía Administrativa

Capítulo I

De la Revisión de Oficio

Artículo 81°

La administración podrá convalidar en cualquier momento los actos anulables,

subsanando los vicios de que adolezcan.

Artículo 82°

Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses

legítimos, personales y directos para un particular, podrán ser revocados en

cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dicto, o

por el respectivo superior jerárquico.

Artículo 83°

La administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de

particulares, reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella.

Artículo 84°

La administración podrá en cualquier tiempo corregir errores materiales o de

cálculo en que hubiere incurrido en la configuración de los actos administrativos.

Capítulo II

De los Recursos Administrativos

Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 85°

Los interesados podrán interponer los recursos a que se refiere este Capítulo

contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su

continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo, cuando dicho

acto lesione sus derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos.

Artículo 86°

Todo recurso administrativo deberá intentarse por escrito y en el se observarán

los extremos exigidos por el artículo 49.

El recurso que no llenare los requisitos exigidos, no será admitido. Esta decisión

deberá ser motivada y notificada al interesado.

El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo

para su tramitación, siempre que del escrito se deduzca su verdadero carácter.

Artículo 87°

La interposición de cualquier recurso no suspenderá la ejecución del acto

impugnado, salvo previsión legal en contrario.

El órgano ante el cual se recurra podrá, de oficio o a petición de parte, acordar la

suspensión de los efectos del acto recurrido en el caso de que su ejecución

pudiera causar grave perjuicio al interesado, o si la impugnación se

fundamentare en la nulidad absoluta del acto. En estos casos, el órgano

respectivo deberá exigir la constitución previa de la caución que consideren

suficiente. El funcionario será responsable por la insuficiencia de la caución

aceptada.

Artículo 88°

Ningún órgano podrá resolver, por delegación, los recursos intentados contra

sus propias decisiones.

Artículo 89°

El órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su

consideración dentro del ámbito de su competencia o que surjan con motivo del

recurso aunque no hayan sido alegados por los interesados.

Artículo 90°

El órgano competente para decid ir el recurso de reconsideración o el jerárquico,

podrá, confirmar, modificar o revocar el acto impugnado, así como ordenar la

reposición en caso de vicios en el procedimiento, sin perjuicio de la facultad de la

administración para convalidar los actos anulables.

Artículo 91°

El recurso de reconsideración, cuando quien deba decidir sea el propio Ministro,

así como el recurso jerárquico, deberán ser decididos en los noventa (90) días

siguientes a su presentación.

Artículo 92°

Interpuesto el recurso de reconsideración, o el jerárquico, el interesado no podrá

acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mientras no se

produzca la decisión respectiva o no se venza el plazo que tenga la

administración para decidir.

Artículo 93°

La vía contencioso administrativa quedará abierta cuando interpuestos los

recursos que ponen fin a la vía administrativa, éstos hayan sido decididos en

sentido distinto al solicitado, o no haya producido decisión en los plazos

correspondientes. Los plazos para intentar los recursos contenciosos son los

establecidos por las leyes correspondientes

Sección Segunda

Del Recurso de Reconsideración

Artículo 94°

El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de

carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días

siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que

lo dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se

interpone este recurso, decidirá dentro de los quince (15) días siguientes al

recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho

recurso.

Sección Tercera

Del Recurso Jerárquico

Artículo 95°

El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el

acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El

interesado podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la decisión a la cual

se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para

ante el Ministro.

Artículo 96°

El recurso jerárquico podrá ser intentado contra las decisiones de los órganos

subalternos de los Institutos Autónomos por ante los órganos superiores de

ellos.

Contra las decisiones de dichos órganos superiores, operará recurso jerárquico

para ante el respectivo Ministro de Adscripción, salvo disposición en contrario de

la Ley.

Sección Cuarta

Del Recurso de Revisión

Artículo 97°

El recurso de Revisión contra los actos administrativos firmes podrá intentarse

ante el Ministro respectivo en los siguientes casos:

1. Cuando hubieren aparecido pruebas esenciales para la resolución del

asunto, no disponibles para la época de la tramitación del expediente.

2. Cuando en la resolución hubieren influido, en forma decisiva, documentos o

testimonios declarados falsos por sentencia judicial definitivamente firme.

3. Cuando la resolución hubiere sido adoptada por cohecho, violencia,

soborno u otra manifestación fraudulenta y ello hubiere quedado

establecido en sentencia judicial, definitivamente firme.

Artículo 98°

El recurso de revisión sólo procederá dentro de los tres (3) meses siguientes a la

fecha de la sentencia a que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo anterior,

o de haberse tenido noticia de la existencia de las pruebas a que se refiere el

numeral 1 del mismo artículo.

Artículo 99°

El recurso de revisión será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes a la

fecha de su presentación.

Título V

De las Sanciones

Artículo 100°

El funcionario o empleado público responsable de retardo, omisión, distorsión o

incumplimiento de cualquier disposición, procedimiento o trámite o plazo,

establecido en la presente Ley, será sancionado con multa entre el cinco por

ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) de su remuneración total

correspondiente al mes en que cometió la infracción, según la gravedad de la

falta.

Artículo 101°

La sanción prevista en el artículo anterior se aplicará sin perjuicio de las

acciones civiles, penales o administrativas a que haya lugar. Igualmente, quedan

a salvo las demás sanciones previstas en la Ley de Carrera Administrativa.

Artículo 102°

Para la imposición de las multas señaladas en esta Ley se seguirá el

procedimiento establecido al efecto por la Ley Orgánica de la Hacienda Pública

Nacional, en cuanto sea aplicable.

Artículo 103°

La multa prevista en el artículo 100 será aplicada por el Ministro respectivo. Los

superiores inmediatos del sancionado deberán iniciar el procedimiento para la

aplicación de la multa, so pena de incurrir en falta grave que se castigará de

conformidad con la Ley de Carrera Administrativa.

Artículo 104°

Las sanciones establecidas en esta Ley se aplicaran mediante resolución

motivada.

Artículo 105°

Las resoluciones que impongan multas podrán ser recurridas en

reconsideración, dentro de los quince (15) días siguientes a su publicación o

notificación. El recurso será decidido dentro de los treinta (30) días siguientes.

Contra la decisión del Ministro se podrá recurrir ante la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

notificación.

Artículo 106°

De la aplicación de la presente Ley quedan excluidos los procedimientos

concernientes a la seguridad y defensa del Estado.

Título VI

Disposiciones Transitorias

Artículo 107°

En los procedimientos administrativos iniciados antes de la fecha de vigencia de

esta Ley, se aplicarán los plazos de la misma a partir de dicha fecha, si con ello

se reduce la duración del trámite.

Artículo 108°

La presente Ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su publicación

en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA. Dentro de dicho

lapso, el Ejecutivo Nacional dictará los reglamentos y disposiciones a que

hubiere lugar y adoptará las medidas administrativas necesarias para la mejor

aplicación de aquélla.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los siete

días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y uno.- Año 171º de la

Independencia y 122º de la Federación.